Denuncian presuntos fraudes y plagios en el llamado "Reinado Nacional de la Chapolera"
- 21n Informativo
- 15 ene
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Una profunda controversia jurídica, administrativa y cultural se desató tras la realización de un certamen denominado “Reinado Nacional de la Chapolera”, llevado a cabo en octubre de 2025 en el marco de las fiestas aniversarias de Armenia, coincidiendo en fechas, nombre y simbología con el Reinado de la Chapolera tradicional, que ese mismo año celebraba su vigésima novena edición. La situación generó confusión entre autoridades, medios de comunicación, ciudadanía y, de manera directa, entre las candidatas participantes.
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El evento fue presentado públicamente como un certamen nacional con candidatas provenientes de distintos departamentos del país. Sin embargo, desde su primera aparición ante la prensa se evidenciaron inconsistencias como retrasos superiores a 40 minutos, falta de información clara sobre la naturaleza del evento y ausencia de acreditaciones oficiales, pues lo que inicialmente fue promovido como una oportunidad cultural y de proyección para las concursantes, terminó convirtiéndose, según testimonios recopilados, en un escenario de improvisación, incertidumbre y presuntos incumplimientos.
Cambio de reina y cuestionamientos al proceso de elección del llamado Reinado Nacional de la Chapolera
Tres meses después de la coronación, la organización del certamen emitió un comunicado anunciando que la ganadora ya no sería Carolina Ladino, señorita Cundinamarca, elegida inicialmente por el jurado, sino Isabella Araujo Guerrero, representante del departamento de Nariño.
Esta decisión generó alarma entre las participantes y abrió interrogantes sobre la transparencia del proceso, especialmente porque, según versiones coincidentes, la organizadora del evento, Ana Sofía Pinzón, habría intentado influir previamente en la decisión del jurado para favorecer a una candidata específica.
De acuerdo con personas presentes en la elección, el fallo inicial del jurado se sustentó en criterios técnicos, particularmente en el conocimiento de la cultura cafetera, elemento central y definitorio para la elección de una Reina Chapolera, razón por la cual fue seleccionada la representante de Cundinamarca.
Destitución, contrato tardío y presuntas cláusulas abusivas
El 14 de enero de 2026, Carolina Ladino fue notificada de su destitución bajo el argumento de haberse negado a firmar un contrato. No obstante, la exreina asegura que dicho documento le fue enviado apenas cinco días antes, tras múltiples intentos fallidos de comunicación con la organizadora.
Durante semanas, afirma haber intentado cumplir con su agenda mediante mensajes, llamadas y correos electrónicos, sin obtener respuesta. Al revisar el contrato, su abogado, Jhon Alexander Romero, detectó posibles irregularidades jurídicas como que el documento estaría suscrito a nombre de una persona natural y no de una persona jurídica o del certamen como tal, lo cual podría contravenir principios básicos de contratación civil y comercial.
Además, se incluyeron cláusulas restrictivas que limitaban su participación en eventos, promociones, espacios culturales y actividades nocturnas, pese a que la organización conocía previamente que la reina se desempeña como artista e influencer, lo que podría configurar una afectación al derecho al trabajo, protegido por el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia.
La defensa sostiene que estas condiciones no fueron informadas antes de la participación, lo que podría vulnerar el principio de consentimiento informado y el deber de buena fe contractual establecido en el artículo 1603 del Código Civil.
¿Venta de franquicia y uso de recursos públicos?
Uno de los aspectos más delicados del caso tiene que ver con la presunta comercialización del certamen como una “franquicia” del tradicional Reinado de la Chapolera de la ciudad de Armenia.
Según versiones de participantes y delegaciones departamentales, se habría cobrado un valor aproximado de 700 mil pesos por candidata, bajo la promesa de participación en un certamen de alto reconocimiento.
En el caso de la señorita Cundinamarca, su participación fue financiada por la Alcaldía de Mesitas, como parte de los beneficios obtenidos tras ganar un reinado local, lo que abre interrogantes sobre el uso de recursos públicos en un evento que, posteriormente, no habría contado con reconocimiento oficial ni respaldo institucional. Este hecho podría ser objeto de análisis a la luz del artículo 397 del Código Penal (peculado por apropiación) o del artículo 399 (peculado por aplicación oficial diferente), dependiendo de las conclusiones de las autoridades competentes.
Improvisación, desconocimiento institucional y confusión pública
Las presuntas irregularidades también se reflejaron en la logística del evento. Varias candidatas denunciaron falta de alimentación oportuna, ausencia de acompañamiento institucional y desconocimiento generalizado de la actividad por parte de entidades locales.
En la rueda de prensa de presentación, realizada con retrasos significativos, autoridades como el secretario de Cultura y el qeuipo de Comunicaciones de la Gobernación del Quindío manifestaron no tener claridad sobre el evento, el cual habría sido solicitado de manera genérica como una “actividad cultural”.
Durante el tradicional Desfile Cuyabro, las candidatas nacionales desfilaron a pie, sin carrozas ni identificación clara, mientras que las representantes del reinado oficial de Armenia contaban con toda la logística, generando desconcierto entre el público.
Presunto plagio y uso indebido de un símbolo cultural
Desde el punto de vista legal, se analiza la posible existencia de un plagio o suplantación de evento cultural, dado que el certamen denominado “Reinado Nacional de la Chapolera” habría sido registrado en la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, apenas un mes antes de su realización, utilizando un nombre, concepto y simbología ya posicionados históricamente en la ciudad de Armenia.
Este hecho podría constituir una infracción a la Ley 256 de 1996 sobre competencia desleal, particularmente en lo relacionado con actos de confusión (artículo 10), al inducir al público a error respecto del origen y legitimidad del evento.
Un caso que exige respuestas
Este episodio deja serios cuestionamientos sobre la protección del patrimonio cultural, la transparencia en los certámenes públicos y el uso responsable de recursos, tanto privados como estatales. Las afectaciones no solo recaen sobre una reina destituida, sino sobre decenas de jóvenes, instituciones y una tradición cultural emblemática del Quindío.
Pero las controversias no terminan ahí, pues según testigos , el momento de la coronación, que debía representar el punto más importante del certamen, se vio empañado por un bochornos acto protegonizado por la organizadora del evento, quien habría perdido el control e inició una discusión a gritos con varios miembros del jurado, luego de que estos no eligieran a la candidata que ella pretendía que resultara ganadora.
La escena, descrita por asistentes como tensa e impropia de un evento cultural, dejó en evidencia una fractura total en la credibilidad del proceso y un irrespeto al fallo autónomo del jurado calificador.
A esto se suma que, hasta la fecha, varias de las participantes aseguran no haber recibido los premios prometidos. De acuerdo con la información conocida, a la reina se le habría anunciado públicamente la entrega de una cadena de oro, un anillo y tres millones de pesos en efectivo, sin embargo, únicamente habría recibido el anillo, quedando pendientes tanto la joya restante como el incentivo económico, situación que refuerza los señalamientos por presunto incumplimiento contractual.
El panorama se torna aún más delicado al conocerse que la ganadora del año anterior también estaría enfrentando una situación similar, ya que, según versiones cercanas, la organización pretendería condicionarle la entrega total de su premio a la firma de un nuevo contrato, lo que ha sido interpretado como una forma de presión indebida para poder acceder a recursos que ya habrían sido ganados legítimamente.
Así, lo que fue presentado como un certamen nacional de exaltación cultural bajo el nombre de "Reinado Nacional de la Chapolera" desconocido en la región, pero vendido como el legítimo reinado de la capital quindiana, se convierte una vez más en una escena que degrada la integridad de las participantes, con gritos, promesas incumplidas, premios inconclusos y contratos cuestionados, dejando a las afectadas sin respaldo, pero también golpeando seriamente a un legado cultural que busca resaltar la labor de las mujeres cafeteras que en sus inicios recolectaban café, cuidaban sus hogares y se convirtieron en una tradición del territorio quindiano, siendo homenajeadas con uno de los reinados más importantes del departamento.
Y ahora ¿quién responde por las jóvenes afectadas y quién protege el nombre de la Chapolera cuando la corona pierde su brillo entre tantos escándalos y presuntas irregularidades?