Las soluciones para el problema de habitantes de calle están en manos de Perea, Miguel y Chucho

Con más de 1.500 habitantes de calle únicamente en la ciudad de Armenia, el departamento del Quindío se enfrenta a un tedioso reto, medir hasta dónde van los derechos de una persona y en dónde empiezan los derechos de otra.

Para nadie es un secreto que la problemática viene escalando de forma desmesurada y son los propios ciudadanos de "buen corazón" quienes alimentan, visten y drogan a estas personas, cuando se entrega limosna, cuando se hacen jornadas de alimentación en zonas de alto consumo como en los Puentes de la Cejita e incluso cuando les pagan para que se lleven la basura lejos.

Y evitar sostener a estas personas no es tener duro el corazón, es recapacitar frente al daño irreparable que los habitantes de calle consumidos por las drogas y la mendicidad le hacen a la comunidad, pues son ellos quienes también cumplen labores de campaneros, mensajeros, distribuidores y hasta reclutadores en los temas de control territorial por el expendio de drogas. Esto sin contar los casos de acoso sexual, tocamientos, hurtos, amenazas, daño al comercio, uso de calles como baño público, que se presentan a diario y que ya se ha normalizado.

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En el más reciente informe de las autoridades, el Comandante de la Policía del Quindío, el Coronel Carlos Mario Bermúdez confirmó que en lo corrido del año, los casos de homicidio han aumentado en un 33% en comparación con el 2025, y de los más de 60 casos de muertes violentas, 9 de ellos corresponden a habitantes en situación de calle, hechos que tienen como móviles la relación con el tema de tráfico de estupefacientes.

¿Y por qué no hacen algo?

Esa es la pregunta que a diario se hace la comunidad, pues pareciera que las personas que viven sin reglas, a merced de la limosna y la droga tuvieran más derechos que los ciudadanos de a pie, que trabajan de 7 a 7 para llevar sustento a sus hogares, mientras los habitantes de calle roban, hacen daños y acaban con los negocios de los emprendedores.

Pero el meollo del asunto es más delicado, los vacíos en las leyes, hacen que esta población sea prácticamente intocable, la Ley 1641 de 2013 es la norma base que establece los lineamientos para la Política Pública Social para Habitantes de la Calle. Su objetivo es garantizar, proteger y restablecer sus derechos mediante la atención integral, rehabilitación e inclusión social, sin embargo, esta protección deja en desventaja al resto de la comunidad, vamos a traducir esto a la vida real: si el habitante de calle roba, acosa o mata, la policía realiza la captura, sin embargo, la Fiscalía lo deja en libertad ya que en su mayoría los delitos asociados a esta población son hurtos simples de baja cuantía (objetos de poco valor) se desconoce la identidad para interponer la denuncia o el proceso judicial es demasiado costoso. Para estos casos, la ley a menudo no contempla la prisión preventiva obligatoria, permitiendo que el procesado espere el juicio en libertad.

Lo grave del caso es que para la justicia colombiana, pareciera que todos los delitos son de menor cuantía, pues un 90% de las veces los responsables de los delitos cometidos por esta población quedan en la impunidad, A esto le sumamos que la Corte Constitucional reconoce a los habitantes de calle como un grupo de especial protección debido a su vulnerabilidad extrema y falta de capacidad económica. Esto implica que las acciones del Estado deben equilibrar la seguridad ciudadana con el derecho a la salud y la rehabilitación, priorizando a veces medidas de atención social sobre las estrictamente penales para delitos menores.

"Pero es que la alcaldía no sirve pa´nada"

Las administraciones tienen la responsabilidad de mitigar el impacto de este problema, sin embargo las trabas de la ley afectan desde el ciudadano del común, hasta a las autoridades de mayor poder en el país, es simple: al ser sujetos en vulnerabilidad extrema no se pueden arrestar, no se pueden internar obligatoriamente en un centro especial para atender sus problemas de salud mental, tampoco se pueden subir en un camión para sacarlos del departamento y mucho menos se puede imponer una medida obligatoria de internamiento en un centro de rehabilitación.

Es por eso que las administraciones se limitan a las campañas constantes a través de las secretarías de desarrollo social, en donde se atraen con alimentos, cortes de cabello, acceso a servicios de salud, aseo y asistencia psicológica, y prendiéndo velas a todos los santos, sólo uno de cada 10 habitantes de calle acepta la ayuda, sea para regresar a su hogar o para rehabilitarse. Lamentablemente las acciones son prácticamente nulas y por más recursos que se inviertan en el tema, los habitantes de calle siguen aumentando, lo que llevaría a cifras aún más incontrolables en los próximos 4 años.

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En Armenia, el programa de habitante de calle es completo, y además cuenta con el sistema de caracterización más eficaz en comparación con el resto del territorio nacional. El programa ofrece una ruta de atención que incluye diversos servicios para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de calle como albergues y refugios, atención médica y primeros auxilios, alimentación, acompañamiento psicosocial, asimismo la administración municipal mantiene un censo actualizado para identificar las necesidades específicas de la población, llevando un registro detallado para así ofrecer atención integral basada en datos reales, pero volvemos a lo mismo, si por voluntad propia estas personas no se acogen a los programas, no hay nada que hacer y esa platica se perdió.

¡Hay que hacer limpieza social o justicia por mano propia!

Ante la impotencia de no lograr justicia ante los delitos que estas personas cometen, entre la sociedad civil se escuchan dos planteamientos, la justicia por mano propia o la limpieza social, actos desesperados tan radicales como ilegales que surgen de la impunidad asignada a estos sujetos, pero en ninguno de los panoramas desde los que se observe, sería algo viable para la comunidad, menos en un país en donde la violencia ha marcado un hito histórico.

Pero la comunidad si puede contribuir a soluciones y de la forma más sencilla posible, con CONCIENCIA, hay que tener en cuenta que las buenas obras se pueden direccionar de forma adecuada, para que esa comida que usted quiere regalar a los menos favorecidos, llegue a quien corresponde, pero sin contribuír a empeorar las condiciones que ya afectan al territorio, y no sólo en esta zona del país, sino a nivel nacional.

Tenga en cuenta que una moneda no le va salvar la vida a un habitante de calle, darle ropa simplemente es alimentar el existencialismo y repartir comida sin dirección genera que ellos simplemente no se vean obligados a buscar ayuda real, porque si bien el problema de drogadicción está oficialmente catalogado como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, esto debido a los cambios biológicos y funcionales que ocurren en el cuerpo como las alteraciones cerebrales, la pérdida de control y el componente mental, es la propia comunidad quien impide con lo que cree que son buenas acciones, que estas personas reciban un tratamiento adecuado.

Las soluciones para el problema de habitantes de calle están en manos de Perea, Miguel y Chucho

Con la elección de los tres congresistas por el departamento del Quindío y la ausencia de Senadores que respalden al territorio quindiano, las soluciones al flagelo de habitantes de calle que tiene cansada a la población está en manos de Jhon Edgar Pérez, Miguel Grisales y Jesús Armando Bedoya, quienes tendrán que demostrarle a quienes les dieron sus votos, que el compromiso no es sólo por el territorio quindiano, sino por Colombia en general, que éste si es real y no sólo llegaron al Congreso para su beneficio propio.

Y es que únicamente los congresistas pueden solucionar la problemática de los habitantes de calle al crear y modificar leyes (como la Ley 1641 de 2013) que definen políticas públicas de protección, atención integral y rehabilitación. Son ellos quienes tienen el poder legislativo para asignar presupuesto nacional destinado a programas de inclusión social, garantizando sus derechos y articulando esfuerzos entre entidades territoriales y nacionales, pero dándole a su vez, un giro a los vacíos que están permitiendo que estas personas hagan y deshagan a su antojo.

Al pasar las elecciones y los tres ostentar de su amor por el territorio y por milésima vez entre el sector político prometer que las divisiones que ya existen en el Quindío, no los van a tocar a ellos porque tienen un propósito en común, tendrán que tomarse las manos y dejar de lado las diferencias, para demostrar con hechos reales que desde el corazón de Colombia, sí se pueden plantear proyectos de impacto nacional que valgan la pena.

Pero aunque estos son los anhelos, extendemos los interrogantes a los tres congresistas por el Quindío ¿trabajarán para mejorar esta problemática o la pasarán por alto? ¿Van a dejar que las diferencias de patrocinadores políticos y partidos los dividan o se pondrán la camiseta del mismo equipo para dar soluciones reales?