Sandra Bibiana Aristizábal, el "corazón liberal" más salpicado en hechos de corrupción que busca repetir curul

En medio del agite político que busca recoger seguidores fieles que se vean reflejados en las proximas elecciones al congreso y entre comida y ropa para habitantes de calle, la representante a la cámara Sandra Bibiana Aristizábal busca nuevamente posicionarse y repetir curul, sin embargo la mujer de "corazón liberal, sigue dando de qué hablar y no precisamente por sus acciones de "caridad" encampañada, sino por una nueva mención de su nombre en un escándalo nacional de corrupción, y es que, Aristizábal Saleg, representante a la Cámara por el departamento del Quindío, ha estado en el centro de diversas controversias públicas, denuncias e investigaciones administrativas y judiciales, principalmente relacionadas con su paso por cargos públicos antes y durante su llegada al Congreso de la República.

Sandra Bibiana se ha convertido en una de las figuras que concentran mayor atención dentro del actual clima de desconfianza hacia la clase política, en medio de múltiples escándalos de corrupción que sacudieron al Estado colombiano durante 2025.

Le puede interesar: EEUU confirma la captura de Nicolás Maduro

Su nombre aparece de manera recurrente tanto en controversias previas a su llegada al Congreso como en el contexto de investigaciones más amplias que hoy ocupan la agenda de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia.

Antes de asumir como congresista, Aristizábal Saleg ya había estado bajo el escrutinio de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación ordenó su suspensión temporal mientras evaluaba señalamientos relacionados con un presunto constreñimiento electoral. La investigación se originó a partir de audios que circularon públicamente y que plantearon dudas sobre la posible utilización de cargos administrativos con fines políticos. Aunque el proceso no derivó en una sanción definitiva, el episodio marcó un punto de inflexión en su carrera pública y dejó instalada una percepción de controversia que la ha acompañado desde entonces.

Posteriormente, entre 2020 y 2021, Aristizábal Saleg se desempeñó como gerente del canal regional Telecafé, etapa que también dio lugar a cuestionamientos. Una queja presentada por una veeduría ciudadana motivó la revisión de su gestión administrativa y contractual.

Con su elección al Congreso y la adquisición de fuero, el asunto pasó al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, que solicitó información y documentación para evaluar si existían méritos para avanzar en una indagación formal. Hasta ahora, las actuaciones se mantienen en fase de análisis y no han producido una condena judicial, pero continúan formando parte del historial de observaciones sobre su ejercicio en cargos públicos.

Este trasfondo cobra mayor relevancia en el contexto del escándalo de corrupción que estalló en torno a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y que, con el paso de los meses, se extendió al Instituto Nacional de Vías (Invías). El caso, que dominó la agenda informativa y judicial durante 2025, reveló un presunto entramado de direccionamiento de contratos públicos por más de 612.000 millones de pesos, supuestamente utilizado para asegurar apoyos políticos a iniciativas del Ejecutivo en el Congreso.

Lea también: El Quindío entre el lamento público y la lambonería mediática

Lo que inició con sospechas sobre la compra irregular de carrotanques para La Guajira terminó destapando una presunta red de intercambio de contratos, coimas y respaldo legislativo en varias entidades del Estado.

Estas investigaciones dejaron un saldo contundente: dos exministros del Gobierno en prisión, varios ex altos funcionarios imputados por delitos relacionados con corrupción, un antiguo aliado del presidente prófugo en Nicaragua y otros actores de los que aún no se tiene rastro judicial. En paralelo, se conoció un nuevo capítulo que puso bajo la lupa al Invías, donde se investiga el presunto direccionamiento de 174 proyectos viales por cerca de 571.000 millones de pesos, además de contratos adicionales en la Ungrd por más de 40.000 millones.

En este escenario también aparece mencionada Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, junto a otros congresistas del Partido Liberal y de diferentes colectividades, en listados y referencias que forman parte de las indagaciones en curso. Su nombre figura dentro del grupo de legisladores que, según los investigadores, habrían estado en el entorno político donde se movieron estas operaciones, aunque hasta ahora no ha sido formalmente vinculada a un proceso penal o disciplinario por estos hechos. La reiteración de su mención, sin embargo, la coloca en una posición de alto escrutinio, especialmente considerando sus antecedentes administrativos y las controversias que han marcado su trayectoria.

Mientras los procesos contra los expresidentes del Senado y de la Cámara avanzaron al punto de enviarlos a prisión preventiva por la presunta recepción de millonarios recursos para impulsar iniciativas gubernamentales, otros nombres, entre ellos el de Aristizábal Saleg, permanecen en una zona gris de la investigación, a la espera de decisiones clave por parte de la Fiscalía y de la Corte Suprema.

Esta situación ha alimentado cuestionamientos sobre la selectividad y el ritmo de la justicia frente a un escándalo de dimensiones históricas. A ello se le suman episodios en los que la congresista ha acudido a instancias judiciales para proteger su honra y buen nombre, logrando fallos que ordenaron el retiro de contenidos digitales considerados "lesivos".

Estos casos, lejos de cerrar la discusión, han avivado el debate público sobre los límites entre la libertad de expresión, el control político y el derecho a la crítica frente a funcionarios públicos, sin embargo lo que sí se puede decir sin presunciones es que "cuando el río suena, piedras lleva".

En conjunto, la figura de Sandra Bibiana Aristizábal Saleg hoy deja más sospechas que amores en el entorno político y judicial, en donde la investigaciones y el agotamiento ciudadano exigiendo las cuentas claras parecen pasar a su lado como si estuviera bañada en aceite, y sus mejillas ni se sonrojan cuando los temas son mencionados, por el contrario, con un excelente manejo de las preguntas, evade el tema y sigue como si nada pasara.

Aunque ninguna de las situaciones que la rodean constituye, por ahora, una declaración de culpabilidad, la acumulación de controversias, investigaciones y menciones en escándalos de gran escala la mantienen como una de las congresistas bajo mayor observación.

De cara a 2026, su nombre seguirá ligado al desarrollo de los casos Ungrd e Invías, que representan una prueba decisiva para la justicia y para la credibilidad de las instituciones frente a la corrupción.